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Delito de Amenazas - Abogados en Mar del Plata

Corresponde disponer el secuestro de los celulares de tres policías, imputados por amenazas contra el Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que la acción se desprendió de un video difundido en las redes sociales, además, cuentan con suficiente sostén probatorio y las medidas guardan relación directa con el objeto de la investigación.

Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires, 19 de Enero de 2017.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver respecto del pedido de allanamiento y requisa personal solicitadas por la señor Fiscal a cargo de la Fiscalía Nº 29 del fuero, Martín López Zavaleta, en el marco de la causa Nº , del registro de la Secretaría General de Cámara de Apelaciones del fuero, en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1 O, caratulada "NN s/inf. art. 149 bis, Amenazas - CP".

RESULTA:

Ingresa la presente causa a conocimiento de este tribunal en virtud de la solicitud de allanamiento y requisa personal efectuadas por la Fiscalía interviniente respecto de tres inmuebles, situados en las calles ; ; y ; con el objeto de que se proceda al secuestro de los aparatos de telefonía celular que se encontraren en los domicilios mencionados, donde residen los imputados -titular del DNI Nº -, -titular del DNI Nº - y -titular del DNI Nº -, solicitando además la requisa de los nombrados a fin de establecer si portan consigo los aparatos de telefonía celular que se pretenden incautar.

Solicita en función de ello el libramiento de los correspondientes exhortos para su diligenciamiento, en virtud de que las viviendas que se pretenden allanar se encuentran en jurisdicciones ajenas a esta Ciudad.

Requiere finalmente que se autorice la intervención de personal de Gendarmería Nacional Argentina y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal para llevar a cabo la medida (fs. 67 /69).

Entre los fundamentos que sostienen dicha solicitud, tuvo en cuenta el titular del Ministerio Público Fiscal lo informado por la en cuanto a que se había individualizado a quiénes habían participado del hecho, y refirió que resultaba necesario el secuestro de los aparatos de telefonía celular de los imputados por haber sido a través de ese soporte el modo en que se realizó el video y luego se lo compartió a través de la aplicación whatsapp, por lo que a través de la ulterior pericia podría establecerse no sólo la producción del video en cuestión, sino también las transferencias realizadas al grupo Whatsapp donde se compartió la filmación.

Señaló además que en el supuesto caso que el video y los mensajes hubieren sido eliminados de los artefactos, a través de la correspondiente pericia podía determinarse la existencia de dichos mensajes puesto que existen técnicas que permiten recuperar esa información.

Finalmente, se remitió al informe elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales que da cuenta de la realización de tareas de inteligencia orientadas a incrementar la información relativa a los domicilios de los imputados y su presencia en los mismos, que permitiría corroborar el lugar de residencia de los imputados con relación a los domicilios que se pretende allanar.

Así, solicitó que se hiciera lugar al allanamiento de los domicilios particulares de los tres imputados y a la requisa personal de los nombrados, solicitando el libramiento de los exhortos respectivos y requiriendo que se ordene la concreción de las diligencias en primeras horas de la mañana y de manera simultánea a fin de evitar una eventual comunicación de los acusados que pudiera perjudicar la eficacia de los allanamientos.

Y CONSIDERANDO:

Previo a adentrarme en el desarrollo de las cuestiones de hecho del caso, entiendo necesario recordar que la garantía de inviolabilidad del domicilio, se encuentra consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto expresa que el domicilio es inviolable y que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, a la par de que el art. 13.8 CCBA establece que el allanamiento de domicilio sólo puede ser ordenado por juez competente.

Este mandato de protección legal contra las injerencias arbitrarias del Estado en el domicilio se encuentra reconocido también en los pactos internacionales que ostentan jerarquía constitucional, en virtud de loestablecido por el art. 75, inc. 22 CN (art. 9 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Como es natural, la expresión de los fundamentos y razones por los cuales se ordena un allanamiento resulta sustancial, y la orden judicial puede ser válidamente dictada cuando medien elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable (CSJN, Fallos, 231:51 0).

En el orden legal, el art. 108 CPPCABA regula las causales para el allanamiento, estableciendo que si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del 1 la imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del/la Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.

Teniendo en cuenta los lineamientos que anteceden, tras haber analizado las constancias aportadas por la Fiscalía interviniente, he arribado a la conclusión de que corresponde viabilizar el pedido de allanamiento y requisa personal pretendidos por el órgano de acusación estatal.

Más allá de que nos encontramos en los albores de la investigación, considero que del análisis de las constancias de la causa se desprende la existencia de elementos de prueba que dan cuenta del mérito sustantivo del hecho que se investiga en el marco de este proceso y de la posibilidad de subsumirlo provisoriamente en las figuras del delito de amenazas agravadas por anónimas (art. J 49 bis, primer párrafo, segundo supuesto, CP) y del delito de daño (art. 183 CP), a la par que las medidas requeridas se trata de medidas urgentes que procuran evitar la dispersión de la prueba y asegurar elementos presuntamente utilizados para la perpetración de los delitos investigados. 
Ante todo, teniendo en cuenta que en virtud del principio acusatorio que rige en el sistema procesal local (art. 13.3 CCABA), corresponde remitirse a la descripción de la plataforma fáctica establecida por el titular del ejercicio de la acción penal pública en el decreto de determinación de los hechos confeccionado en los términos del art. 92 CPPCABA el pasado 1 O de enero de 2017 (fs. 32), que da cuenta de que: "(. . .) la presente investigación tendrá como fin determinar la existencia del hecho dado a conocer el 2 de enero de 2017 a través de redes sociales de Internet y medios periodísticos de este ámbito, en tanto se realizó una videofilmación en la que se aprecia la detonación de un artefacto pirotécnico sobre un cuadro que contenía la fotografía del, que se encontraba colocado en una pared de una comisaría porteña. Tal accionar provocó la caída y rotura de dicho elemento. El video en cuestión trascendió horas antes del acto que tuvo lugar en la mañana del 3 de enero, oportunidad en la que se materializó el lanzamiento formal de la Policía de la Ciudad, con el objeto de intimidar al funcionario aludido en virtud de los cambios institucionales que motoriza en las fuerzas de seguridad a su cargo, los que generarían resistencia en algunos de sus integrantes. Con posterioridad, se determinó que la filmación se efectuó en horas de la madrugada del Jera de enero de este año, en el interior de la 
, y tuvieron participación en el hecho el , el y el . En efecto, conforme fuera informado por el Comisario de esa dependencia, el fue quien prendió el artefacto pirotécnico y el grabó el video y lo compartió mediante su remisión a un grupo de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, integrado por el numerario policial que conforma un mismo cuarto de esa Seccional. Todo ello se materializó en presencia del de la franja horaria mencionada. El hecho descripto precedentemente, y más allá de lo que pueda arrojar el avance de la investigación, encuadra provisoriamente en el delito previsto y reprimido por el art. 149 bis, primer párrafo del Código Penal -amenazas que se encuentran agravadas por ser anónimas- y en el ilícito previsto por el art. 184, incs. 1 y 5 del Código Penal."

Pues bien, conforme lo anticipara, luego de repasar los elementos probatorios recabados hasta el momento, he arribado a la conclusión de que la hipótesis fáctica previamente transcripta cuenta con el sostén probatorio que resulta exigible en esta instancia del proceso, sin perjuicio de la calificación legal que finalmente se determine que corresponde atribuirle a dichos sucesos.

Así, obra agregado a fs. 2/3 del presente legajo una impresión del sitio "youtube" en la que se visualiza la impresión de pantalla correspondiente al video que motivó la sustanciación de oficio de esta investigación por parte del Fiscal interviniente, que fuera publicado por el usuario " ".

Asimismo, a fs. 4 está agregada una nota periodística del Diario Popular, que da cuenta del mismo suceso, asociándolo con el inminente lanzamiento de la nueva Policía de la Ciudad, todo lo cual da cuenta de la trascendencia pública que tuvieron los hechos que motivaron la formación del presente legajo.

Por otro lado, en razón de lo dispuesto por el titular de la Fiscalía N º 29, compareció el , a prestar declaración testimonial a la sede de dicha dependencia, oportunidad en la cual manifestó que tomó conocimiento del suceso a través de los medios de comunicación, y que ordenó inmediatamente se labraran actuaciones administrativas a los fines de investigar el lugar de los sucesos y tratar de identificar a los responsables, tarea que refirió que había encomendado al señor . Del mismo modo, refirió que al ver las imágenes interpretó que su difusión tiene como finalidad intimidarlo con el objeto de detener el proceso de cambio que estaban encarando en las fuerzas de seguridad (fs. 7).

Asimismo, a raíz del requerimiento efectuado por el titular de la acción, el señor aportó copias del sumario administrativo instruido en el ámbito de la Oficina de Transparencia y Control Externo con el objeto de esclarecer los hechos, juzgar la conducta y deslindar las responsabilidades que se le pudieren llegar a atribuir al , al y al en relación a los hechos acontecidos (fs. 10/23).

En particular, de dicho sumario surge que mediante Resolución el día 6 de enero de 2017 el señor dispuso el cambio de situación de revista de los nombrados del servicio efectivo a Disponibilidad, con carácter precautorio.

Ello, con fundamento en la información recibida mediante Expte. Nro. del registro de la de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 16) que da cuenta de que la , a cargo de dicha dependencia policial, informó el día 3 de enero de 2017 que se había podido establecer que el video que se viralizó en las redes sociales efectuado en el interior de una dependencia policial se correspondía con esa , y que se habían responsabilizado por ese hecho el , junto al y el , por haber realizado el video en cuestión y haberlo subido en las redes.

Más específicamente, en el informe en cuestión se consigna que el oficial que habría prendido el petardo que puede verse en el video habría sido , y quien grabó el video y lo subió al grupo de whatsapp integrado por todo el numerario del cuarto habría sido el , todo ello en presencia del .

De seguido, obra agregado un acta efectuada por la de la , en presencia de tres miembros de la oficina de guardia de esa dependencia, en la que se dejó constancia de que se podía observar que el cuadro de la foto del

se encontraba sin vidrio y con un marco que no se correspondía con el original que se hallaba colocado oportunamente, observando además una aureola en la pared, con un orificio de mayor diámetro (fs. 17), acompañando las vistas fotográficas respectivas (fs. 18/19).

Fue sobre dicha base que el titular de la Fiscalía interviniente requirió al señor que informara los domicilios particulares que registraren el , el , y el (fs. 24 ), requerimiento que fue contestado el día 1 O de enero de 2017, ocasión en la cual se informó que el domicilio de estaba situado en la calle ; el de en la calle ; y el domicilio de era el de la calle (fs. 25/26).

De la información descargada del sistema NOSIS, el señor Fiscal extrajo que tenía registrado como domicilio fiscal el de la calle (fs. 27); que tenía registrado como domicilio alternativo el de la calle (fs. 28), y que finalmente, tenía registrado como su domicilio fiscal el de la calle 
(fs. 29).

Por otra parte, del sistema BuscarDatos.com, extrajo el señor Fiscal entonces interviniente que el domicilio de coincidía con el de la calle (fs. 30) y que el se domiciliaba en la localidad de (fs. 31 ).

Sobre la base de dicha información, luego de formular el correspondiente decreto (fs. 32), el titular de la Fiscalía Nº 29 solicitó ante el Juzgado Nº 8 del fuero el allanamiento y requisa personal con habilitación de la feria judicial de los domicilios de las calles; y , con la misma finalidad que la pretendida en esta oportunidad (fs. 33/34). En dicha ocasión, el señor Fiscal indicó que si bien la informó que reside en la calle , al no poder corroborar la dirección en los mapas respectivos, se había establecido que el nombrado se domiciliaba en esa misma arteria pero en la altura catastral , concluyendo así que lo informado por ese organismo se había tratado de un error material.

Conforme surge de los antecedentes de la causa, el día 12 de enero último, mi colega a cargo del Juzgado N º 8 resolvió sobre la medida urgente que le fuera requerida en dicha ocasión (conf. art. H.2 de la Acordada 21/04), tras lo cual se declaró incompetente por cuestiones de turno para seguir interviniendo en la presente causa, disponiendo la remisión de estos actuados a este tribunal (fs. 36/41), lo que derivó en que dictara un pronunciamiento mediante el cual acepté la competencia que me fuera conferida para seguir interviniendo en esta causa (fs. 71).

En lo que aquí resulta de interés, al momento de examinar la procedencia de la medida pretendida por la Fiscalía, mi colega resolvió el rechazo de la primera solicitud de allanamiento presentada en esta causa, en el entendimiento que la solicitud Fiscal resultaba prematura en función de que entendía que no podía asegurarse que en la actualidad las personas anteriormente identificadas residieran en las fincas anteriormente individualizadas, marcando además las contradicciones que detectaba en la información referida a los domicilios de los imputados sobre la base de la información aportada por la Fiscalía. Sobre esa base, concluyó que la información recabada en relación a los domicilios que se pretendía allanar resultaba insuficiente, indicando que a su entendimiento resultaba necesario profundizar dicho extremo probatorio.

Más allá de que comparto las consideraciones efectuadas en dicha resolución respecto de la insuficiencia y de las contradicciones que surgían de la prueba hasta aquel entonces producida en relación a los domicilios que se pretendía allanar, entiendo que dicho cuadro ha sido revertido a partir de la reciente actividad investigativa desplegada por el personal de Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que culminó con la confección del mrnuc1oso informe agregado a fs. 43/66 de la presente causa, el cual permite afirmar con suficiente certeza que el imputado reside en el domicilio de la calle; que se domicilia actualmente en la calle

; y que se domicilia en Así pues, sobre la base del análisis probatorio efectuado, y teniendo en cuenta la última prueba producida, entiendo que están dadas las condiciones para hacer lugar a las medidas requeridas por la Fiscalía, con el alcance que seguidamente se establecerá, en el entendimiento que se encuentran reunidos los requisitos previstos por los arts. 108 y 112 CPPCABA.

En efecto, considero que el hecho atribuido a los sujetos individualizados como imputados en la presente causa cuenta con suficiente sostén probatorio y que las medidas requeridas guardan relación estricta y directa con el objeto de la investigación, por cuanto de la descripción fáctica efectuada por el titular de la acción se desprende que la videofilmación que se difundió a través de las redes sociales, al cual se le atribuye contenido de carácter intimidatorio, habría sido producido con participación de los tres imputados, y habría sido compartido mediante su remisión a un grupo de whatsapp integrado por el numerario policial que conforma un mismo cuarto de la .

En razón de ello, interpreto que las medidas peticionadas resultan idóneas a los efectos de que el órgano de acusación estatal pueda acceder a elementos de prueba que guardan relación con el objeto de la investigación, como ser los teléfonos celulares de los imputados, ya que habría sido justamente a través de ese medio que se habría grabado y compartido el video en cuestión, resultando necesario además determinar la pertenencia de los tres imputados al grupo de Whatsapp a través del cual se habrían difundido dichas imágenes.

Lo expuesto me permite afirmar que las medidas requeridas resultan además útiles y necesarias para la consolidación de la hipótesis de la Fiscalía y de la correcta delimitación de participación que le habría cabido a cada uno de los involucrados en los hechos.

Por lo demás, las medidas resultan idóneas en atención a la urgencia que requiere la modalidad del hecho investigado, ya que la información digital que obraría en poder de los imputados podría ser eliminada de dichos dispositivos si se aplicaran las técnicas de "borrado seguro" referidas por el señor Fiscal.

Consecuentemente, entiendo que se verifica en el caso una situación de necesidad y urgencia que habilitan a hacer lugar al allanamiento de los domicilios de los tres imputados que habrían participado en los sucesos analizados, con el objeto de que se proceda al secuestro de los aparatos de telefonía celular que pertenezcan exclusivamente a , titular del DNI Nº , , titular del DNI Nº y , titular del DNI N º .

De igual manera, teniendo en cuenta el tamaño y características de los aparatos cuyo secuestro se pretende, tal como fue requerido por el señor Fiscal, se autorizará también a la requisa personal de los nombrados, a efectos de determinar si portan consigo o entre sus efectos personales los aparatos de telefonía celular que se pretende incautar (art. 112 CPPCABA).

Se hace saber al señor Fiscal que la realización de las diligencias dispuestas quedará a su cargo y/o de quien éste designe y que se encontrará facultado a hacer uso de la fuerza pública en caso de ser estrictamente necesario.

Por último, se dispone que una vez cumplimentada esta orden deberá poner en conocimiento el resultado al suscripto, con la mayor brevedad posible.

Ahora bien, siendo que las medidas de prueba dispuestas deben llevarse a cabo en otras jurisdicciones territoriales corresponderá ordenar el libramiento de un exhorto y peticionar a los señores Jueces competentes en razón de lo aquí resuelto.

Por todo lo expuesto, RESUELVO:

I) ORDENAR el LIBRAMIENTO de UN EXHORTO, en estos actuados caratulados "NN s/infr. art. 149 bis CP", registrados bajo el nro.  al/la señor/a Juez/a en turno, con jurisdicción en el partido de , a fin de solicitarle que tenga a bien disponer, para el día , el libramiento de una ORDEN de ALLANAMIENTO, desde que salga el sol y por el tiempo que resulte necesario para la concreción de las medidas dispuestas o en su defecto hasta que se ponga el sol, respecto del inmueble situado en la calle , donde residiría (DNI nº ), con el objeto de que se proceda al secuestro del aparato de telefonía celular que pertenezca exclusivamente al nombrado, autorizando además, para el caso que se encuentre dentro del domicilio en cuestión en el momento del allanamiento, la REQUISA PERSONAL del nombrado, a efectos de determinar si porta entre sus prendas o efectos personales el aparato de telefonía celular que se pretende incautar.

La medida dispuesta será llevada a cabo por el señor Fiscal interviniente o por el personal de las fuerzas de seguridad que aquel designe, que podrán hacer uso de la fuerza pública en la medida de lo estrictamente necesario, y deberán actuar en consonancia con los arts. 108, 109 y 112 CPPCABA, en estricto cumplimiento de esta orden, y en un todo de acuerdo con la normativa reglamentaria de los derechos de propiedad e intimidad, así como también el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Organización de Naciones Unidas (conf. Capítulo II del Título III del Libro II el CPPCABA).

II) ORDENAR el LIBRAMIENTO de UN EXHORTO, en estos actuados caratulados "NN s/infr. art. 149 bis CP", registrados bajo el nro. , al/la señor/a Juez/a en turno, con jurisdicción en el partido de , a fin de solicitarle que tenga a bien disponer, para el día , el libramiento de una ORDEN de ALLANAMIENTO, desde que salga el sol y por el tiempo que resulte necesario para la concreción de las medidas dispuestas o en su defecto hasta que se ponga el sol, respecto del inmueble situado en la calle, donde residiría (DNI nº ), con el objeto de que se proceda al secuestro del aparato de telefonía celular que pertenezca exclusivamente al nombrado, autorizando además, para el caso que se encuentre dentro del domicilio en cuestión en el momento del allanamiento, la REQUISA PERSONAL del nombrado, a efectos de determinar si porta entre sus prendas o efectos personales el aparato de telefonía celular que se pretende incautar.

La medida dispuesta será llevada a cabo por el señor Fiscal interviniente o por el personal de las fuerzas de seguridad que aquel designe, que podrán hacer uso de la fuerza pública en la medida de lo estrictamente necesario, y deberán actuar en consonancia con los arts. 108, 109 y 112 CPPCABA, en estricto cumplimiento de esta orden, y en un todo de acuerdo con la normativa reglamentaria de los derechos de propiedad e intimidad, así como también el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Organización de Naciones Unidas (conf. Capítulo II del Título III del Libro II el CPPCABA).

III) ORDENAR el LIBRAMIENTO de UN EXHORTO, en estos actuados caratulados "NN si infr. art. 149 bis CP", registrados bajo el nro. , al/la señor/a Juez/a en turno, con jurisdicción en el partido de , a fin de solicitarle que tenga a bien disponer, para el día , el libramiento de una ORDEN de ALLANAMIENTO, desde que salga el sol y por el tiempo que resulte necesario para la concreción de las medidas dispuestas o en su defecto hasta que se ponga el sol, respecto del inmueble situado en la calle , donde residiría (DNI nº ), con el objeto de que se proceda al secuestro del aparato de telefonía celular que pertenezca exclusivamente al nombrado, autorizando además, para el caso que se encuentre dentro del domicilio en cuestión en el momento del allanamiento, la REQUISA PERSONAL del nombrado, a efectos de determinar si porta entre sus prendas o efectos personales el aparato de telefonía celular que se pretende incautar.

La medida dispuesta será llevada a cabo por el señor Fiscal interviniente o por el personal de las fuerzas de seguridad que aquel designe, que podrán hacer uso de la fuerza pública en la medida de lo estrictamente necesario, y deberán actuar en consonancia con los arts. 108, 109 y 112 CPPCABA, en estricto cumplimiento de esta orden, y en un todo de acuerdo con la normativa reglamentaria de los derechos de propiedad e intimidad, así como también el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Organización de Naciones Unidas (conf. Capítulo II del Título III del Libro II el CPPCABA).

IV) A fin de dar cumplimiento a lo ordenado, remítase la presente a la Fiscalía interviniente.

Pablo Casas – Maria Antonela Mandoles


Cámara Apel. Cont. Adm. Trib. CABA - Sala I / Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Otros c/GCBA y Otros s/Amparo - Otros (24/08/2017)

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